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El fracaso del acercamiento a los conservadores españoles no hizo desaparecer a la nueva Lliga Regionalista sino todo lo contrario luego que encontró un apoyo cada tiempo mayor entre muchos sectores de la burguesía catalana desilusionados con los partidos del turno. Esto se tradujo en su triunfo en las municipales de 1901 en Barcelona, lo que significó el fin del caciquismo y del fraude electoral en la ciudad, y la consecución de 6 diputados en las elecciones generales gracias a la citación candidatura de los cuatro presidentes, que salieron elegidos (Alberto Rusiñol, expresidente de la patronal Fomento del Trabajo Nacional; Bartolomé Robert, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País; Lluís Domènech i Montaner, expresidente del Ateneo Barcelonés; y Sebastián Torres, presidente de la Ajonje de Defensa Industrial y Comercial).
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Singular de los sectores que primero y de forma más firme reaccionó contra la política de la Dictadura fue el Colegio de Abogados de Barcelona que se negó a obedecer la orden read more de que la Práctico Sumarial anual en la que aparecían todos los abogados colegiados se publicara en castellano, y no en catalán. Para poner fin al encono del Colegio de Abogados de Barcelona con la Dictadura de Primo de Rivera, a posteriori de dos primaveras en que ninguna de las dos partes cedía, la Dictadura recurrió a la fuerza y en marzo de 1926 destituyó a la Reunión de gobierno del Colegio y desterró a sus miembros fuera de Cataluña, sustituyéndola por una Concilio afín.
«Toca analizar las cifras y seguir trabajando para atajar las causas, acortar los fallecimientos y contribuir igualmente a concienciar a la ciudadanía sobre el drama de los siniestros viales y sus dolorosas consecuencias», advirtió Marlaska.
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Coincidiendo con las elecciones generales de abril de 1916,[150] la Lliga Regionalista publicó el mes preliminar el manifiesto Per Catalunya i l'Espanya Gran, redactado por Prat de la Riba —que fallecería en agosto del año siguiente— y firmado por todos los diputados y senadores del partido. En el documento se denunciaba que Cataluña era individualidad de los pueblos de España que veían «los instrumentos substanciales de su espiritualidad, de su personalidad, excluidos de las leyes del Estado», lo que les convertía en «españoles de tercera clase».
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